José Clopatofsky habla sobre una nueva situación que está retrasando las matriculaciones de vehículos nuevos.
A los trámites que requieren la operación del sector automotor y sus usuarios ante las autoridades, y a la situación complicada de las ventas, que vienen en picada, se agregan nuevas zancadillas estatales que entorpecen y encarecen sus procesos de una manera tan notable como absurda.
Ejemplo: Para homologar un nuevo modelo de vehículo en Colombia es necesario surtir pasos ante las diversas entidades del Gobierno (debería haber solo una para evitar el turismo administrativo de funcionarios, mesas de trabajo, papeles y emisarios por diversas dependencias en distintos ministerios y agencias). Uno es ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), que depende del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Tan pomposa como necesaria, si funciona debidamente.
Antes de tener autorización de matrícula de un modelo nuevo, todo importador o ensamblador debe presentar las certificaciones de conformidad de emisiones (aun si es eléctrico puro), que previamente las marcas surten ante laboratorios internacionales homologados en diversas zonas del mundo de acuerdo con el origen del automotor. No todos los exámenes internacionales son iguales, pues cada grupo de países y laboratorios tiene parámetros propios, pero en la suma cualquiera de estos certificados es más que válido y aplicable a nuestro medio. . Por supuesto, mucho más que cualquier prueba de gases de los CDA o de las patrullas de las Secretarías de ambiente de las ciudades (que probablemente sean las primeras sancionables), si acaso quisiera hacerse alguna confrontación práctica y técnica local, que sería ridícula e impracticable.
Eso se venía haciendo dentro de términos prudenciales que solían tomar algunas semanas o a lo sumo un mes. Pero ante el cambio de gobierno, personal y organizaciones de la ANLA, el asunto ahora requiere dos meses o muchos más días hábiles que alargan este plazo, quizás por la falta de experiencia o conocimientos de los nuevos funcionarios.
Esto no es de menor cuantía porque les implica a los importadores mucha plata representada en el mayor tiempo de almacenamiento en zonas francas, inventario detenido en sus patios, espera para poder matricular y entregar los vehículos a los molestos compradores, ya escasos, que no logran salir de las listas de espera. Esta vez no por falta de producto, sino por mala gestión de las autoridades que se empapelaron con el tema. Esos costos encarecen el vehículo porque el comprador acaba asumiéndolos.
Nadie quiere controles ligeros. El sector los necesita, pero oportunos y rápidos, en el entendido de que todos los solicitantes son empresas serias y profesionales que están aportando documentos oriundos de sus casas matrices y de validez mundial. Nadie está haciendo trampas. Si alguna compañía estuviera en esa tónica fácilmente sería detectada por su acuciosa competencia . Acá, a la postre, todo se sabe.
Regreso sobre este tema del mundo de los usados que van cumpliendo su plazo para la revisión técnico-mecánica. Hay una tremenda confusión con la absurda ley (2283 de este año) que el Congreso aprobó a los trancazos y “populazos”, premiando la ignorancia de sus proponentes. La norma exige que los CDA deben expedir una póliza de seguro que ampare al vehículo –auto o moto– inspeccionado (no al conductor) en accidentes por fallas mecánicas en los doce meses siguientes a la revisión. Esto incluye atropellamientos a personas, como si estos siniestros fueran siempre debidos a causas mecánicas y no por imprudencia o errores de los actores del episodio, y abre un filón de reclamos peor que los tumbados que le hacen al SOAT.
Nada más traído de los cabellos. La inspección que hace el CDA es puntual en el día y la hora, y mal puede un CDA responsabilizarse por cuanto le pueda suceder a un vehículo en los siguientes 10.000 o más kilómetros, a sabiendas de que se trata de aparatos que, para empezar, ya tienen seis años de uso. La inspección es solo en determinados elementos y hay miles de otras piezas que pueden fallar sin previo aviso o posibilidades de previsión o garantía cuando ni siquiera son inspeccionadas. ¿Quién puede garantizar el estado potencial de una llanta 12 meses después de chequeada, sobre todo cuando rueda en este caótico pavimento nacionalque causa miles de accidentes por los cuales debería responder el Estado? Para que ese uso fuera amparable habría que desarmar el automotor. Y eso, porque desde nuevo es propenso a fallas, para las cuales existen las garantías. La póliza es obligatoria porque la ley fue aprobada y el usuario puede exigirla. Pero ni existe, ni los CDA pueden asumir ese costo, que es lo que ordena le ley, sin afectar lo que paga el usuario por el chequeo. A la fecha solo una de las muchas aseguradoras que hay en el país ha manifestado interés en “conocer” las condiciones, y es evidente que los riesgos que debería asumir son bastante disuasivos como para generar ese amparo.
Se han interpretado las objeciones como una maniobra de los CDA, cuando hay muchos argumentos racionales que cuestionan la ley. En cambio, lo que debe existir en el país es un seguro de responsabilidad civil obligatorio como lo hay en todo el mundo, diferente al SOAT o mezclado, que ampare esos accidentes imprevisibles en un cárcamo con un año de anticipación.
Fecha: 30 Mayo, 2023. Extraído de: www.motor.com.co, https://www.motor.com.co/columna-del-director/De-zancadilla-en-zancadilla-20230529-0015.html